La Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños, expuso en la audiencia pública y debatió el nuevo cuadro tarifario en la región del AMBA para el servicio público esencial de electricidad.
En su alocución, la Defensora hizo un relevamiento sobre la calidad del servicio público de electricidad, la necesidad de que llegue a todos los ciudadanos a precios accesibles y realizó tres propuestas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la Ciudad.
Sobre la calidad del servicio y sus reiterados cortes, dijo: “La recurrencia de esta situación, que afecta a una inmensa cantidad de personas, puede asociarse a la precariedad de los arreglos realizados en las zonas afectadas o la aplicación de soluciones provisorias, destinadas a fallar nuevamente, toda vez que suele tratarse de 'parches'. Resulta imperiosa la necesidad de implementar soluciones a largo plazo, que garanticen la prestación de un servicio seguro y permanente, a partir de las particularidades técnicas que cada situación requiera”.
En la misma línea, criticó el argumento de las empresas de que los cortes se dan cuando el precio de las tarifas es bajo: “Cabe entonces preguntarse las causas de los cortes de suministro, masivos y prolongados, acontecidos durante el año 2019 luego de tres años de aumentos tarifarios, o bien si realmente esa disminución del tiempo promedio para la resolución de interrupciones efectivamente se condice con la realidad”.
Respecto de la importancia de que el servicio pueda llegar a todos y todas, aseguró que “la Tarifa Social debe ser considerada como un instrumento, o bien una herramienta fundamental para resguardar a las personas con mayores dificultades económicas”.
Por eso mismo, la Defensora propuso algunos puntos para "robustecer el beneficio de Tarifa Social":
-Que la Tarifa Social cubra la totalidad del consumo o que, mínimamente, duplique la cantidad de KW/h establecidos en la actual normativa.
-Que se extiendan los parámetros dispuestos para ingresar a este beneficio.
-Que se consolide el mecanismo para que los casos excepcionales puedan acceder al beneficio: un ejemplo es una persona con dos propiedades que recientemente haya perdido su trabajo y/o tenga grandes gastos por enfermedad crónica, familiares a cargo.
La Defensora habló sobre “una gran cantidad de vecinos y vecinas que se presentaron en la Defensoría manifestando que, a raíz de los elevados costos para llevar adelante las reparaciones solicitadas en la instalación domiciliaria de gas, volcaron todo su consumo al servicio eléctrico”.
En ese marco, Muiños afirmó que “la concentración de consumo en este servicio repercutirá en un aumento de categoría del usuario/a”, por lo cual pidió que se “reconozca esta problemática actual y se habilite una categoría para los usuarios electrointensivos”.
En ese marco, y ante el anuncio del Gobierno Nacional de que se realizará una segmentación tarifaria basada en dividir entre barrios de mayores ingresos y barrios de menores ingresos, la Defensora opinó: “Sin dudas, resulta una simplificación del conflicto al que nos enfrentamos el pensar que todo usuario/a que vive en alguna de estas zonas (Palermo, Villa Urquiza o Coghlan, por citar algunos barrios) posee altos ingresos".
"Debe considerarse el universo de excepciones y de situaciones particulares que podrían convivir. Por ejemplo: jubilados con ingresos apenas por encima de los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; trabajadores inquilinos de ingresos medios; grupos familiares de clase media con dificultades económicas y personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la tarifa social y que, por distintos motivos, no hayan accedido al mismo”, explicó.
Según informó la Defensoría del Pueblo, en el final de su discurso, la Defensora del Pueblo hizo tres preguntas:
"¿Qué cantidad y porcentaje del total de trabajadores que prestan servicios técnicos en la vía pública se cuentan bajo convenio del sector (Luz y Fuerza) y qué cantidad y porcentaje prestan labores por fuera de convenio en las diferentes modalidades?".
"¿Cuál es la cantidad y montos parciales y totales de las penalidades/multas aplicadas por el ENRE a las empresas concesionarias del AMBA? ¿Cuáles y cuántas fueron efectivamente pagadas y cuántas fueron recurridas en sede administrativa o judicial? ¿Cuáles de ellas se encuentran pendientes de cumplimiento? ¿Cómo es el destino de los fondos que corresponden a usuarios?".
