La Fiscalía PCyF 37, a cargo de Valeria Lancman, ordenó una inspección integral en un geriátrico ubicado en la calle Terrada al 4000, que había sido clausurado en octubre de 2023 y se encontraba violando la medida impuesta.
La inspección fue realizada por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, junto con la -que depende de la Dirección General de Promoción Social y Bienestar del GCBA-, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI), y del Programa Proteger del Gobierno de la Ciudad.
En el procedimiento se detectaron historias clínicas desactualizadas y falta de controles de patologías de los residentes. Además, se verificó que el establecimiento no contaba con la necesaria cantidad de enfermeros y auxiliares de enfermería, al tiempo que el lugar carecía de la habilitación correspondiente.
Asimismo, el geriátrico no exhibía los certificados de fumigación correspondientes, los de limpieza de tanque de agua se encontraban vencidos y no acreditaba el seguro de responsabilidad civil vigente. También se dejó asentado que desde la clausura impuesta, se retiraron del establecimiento 6 residentes e ingresaron otros 3 nuevos.
Ante tal circunstancia, se dispuso reimplantar la clausura administrativa y labrar actas por las irregularidades observadas. Por sugerencia de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos Privados, no se dispuso el traslado de las personas mayores, pero sí realizar un seguimiento con los familiares para lograr un contacto cercano con los mismos y dar aviso de la situación de clausura.
