La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) inició el caso por reiteradas denuncias de los vecinos, que referían las malas condiciones edilicias y de salud pública de un predio ubicado sobre la calle Pavón al 1800.
A pedido de la fiscalía, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal realizó tareas de investigación preliminares y pudo establecer que en el lugar vivían 9 personas en condiciones muy precarias, la presencia de 39 perros, muchos de ellos de raza, así como el acopio de gran cantidad de residuos y conexiones clandestinas de electricidad que comprometían tanto las condiciones medioambientales como la seguridad y salud pública.
En este contexto, el fiscal Carlos Rolero Santurián solicitó el allanamiento del predio, que fue otorgado por la Jueza Rocío López Di Muro, a cargo del Juzgado PCyF 4.
El procedimiento, realizado bajo la supervisión del CIJ, involucró a múltiples agencias y organismos especializados tales como la Dirección General de Control Ambiental, Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, División Delitos Ambientales Policía de la Ciudad, División Canes Policía de la Ciudad, Dirección General de Atención Inmediata, Agencia Protección Ambiental (APRA), Ente de Higiene Urbana, Secretaria de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Programa Buenos Aires Presente (BAP), Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Programa de Atención Intervención de la Urgencia; Edesur y AySA.
Las 9 personas, entre ellas 2 menores que estaban con su mamá, se encontraban en situación de vulnerabilidad extrema y fueron asistidas y reubicadas por los organismos del GCBA.
Por su parte, los 39 perros, entre los que había una hembra con 7 crías recién nacidas, estaban en condiciones críticas, con parásitos y otros problemas de salud, fueron trasladados a distintas ONGs y tránsitos particulares para su atención.
Por otro lado, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias procedió a la clausura inmediata y preventiva del inmueble por constatar condiciones estructurales deficientes. Asimismo, Edesur identificó conexiones eléctricas clandestinas y peligros de electrocución e incendio que fueron desactivadas.
La fiscalía dispuso la clausura judicial del predio, el inmediato saneamiento y la remoción de los elementos contaminantes, así como también ordenó medidas de seguridad en razón del riesgo de derrumbe.
Hasta el momento, se removieron 15 camiones llenos de residuos y basura que afectaban a los vecinos, y en el día de hoy continuarán las tareas de remoción de elementos peligrosos y limpieza.
