Defensa al Consumidor de la Ciudad desarrolló una serie de operativos de control en casas funerarias para verificar el cumplimiento de las normas que permiten a los ciudadanos contratar estos servicios. Además, brinda información sobre algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de contratar un servicio fúnebre.
“Uno de los derechos más importantes del consumidor al contratar servicios es el acceso a información clara y transparente sobre los costos involucrados”, destacó César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Y agregó: “Las empresas funerarias están obligadas a proporcionar un desglose detallado de los servicios ofrecidos y sus respectivos precios, lo que permite a los vecinos tomar decisiones informadas y evitar sorpresas desagradables”.
El operativo, realizado por inspectores de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, alcanzó a 38 casas funerarias y arrojó como resultado la elaboración de 105 actas de infracción.
Los controles revelaron una serie de incumplimientos que van desde la falta de listas de precios visibles hasta la ausencia de carteles obligatorios en las instalaciones y en las facturas emitidas, requisitos esenciales para proteger a los usuarios y garantizar que conozcan sus derechos al momento de contratar un servicio.
El objetivo de las inspecciones es asegurar que los consumidores puedan acceder a información clara y transparente en un momento tan sensible como la contratación de servicios funerarios. La falta de listas de precios visibles fue una de las infracciones más recurrentes, lo que dificulta que los clientes comparen costos y tomen decisiones con esa información. También se encontraron listas “codificadas” que tienen precios sin especificar los servicios.
Desde el área de Lealtad Comercial explican que la falta de precisiones por parte de las casas funerarias podrían hacer que un familiar termine pagando por un servicio que el difunto ya tiene cubierto por su obra social, de allí la importancia de la lista de precios que debe identificar a los productos y servicios ofrecidos.
En la Ciudad de Buenos Aires operan más de 90 empresas funerarias. “El objetivo es intensificar los controles sobre la actividad general que llevan a cabo estas entidades e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos”, señala el director general de Defensa y Protección al Consumidor Carlos Traboulsi. “Estamos volviendo a los 30 días a cada uno de los espacios inspeccionados para verificar que hayan corregido la situación, más allá de los procesos administrativos de sanción que seguirán su curso”, concluyó.
Los principales costos en la contratación de un servicio fúnebre abarcan el pago al cementerio (cremación o inhumación), la elección del ataúd (tipo de ataúd), los traslados del difunto (unidad de traslados, coche fúnebre, auto de acompañamiento), el velatorio y las cantidades que se abonan por la denominada distancia al destino final, que se da cuando los familiares o allegados eligen dar sepultura a la persona fallecida en parques más lejanos.