Las organizaciones nucleadas en la Interbarrial Buenos Aires (IBBA) cuestionaron la nueva versión del Código Urbanístico que sancionó la Legislatura porteña. En un comunicado, aseguraron que “no es un plan urbano”, sino “un plan de negocios” y volvieron a señalar “no fueron tenidos en cuenta” los proyectos que elaboraron “que defienden la identidad barrial de manera concreta”.
“Desde la IBBA entendemos que este proceso no ha resultado satisfactorio en relación a las demandas instaladas por la mayoría de los barrios de la ciudad en cuanto a la infraestructura de servicios, el cuidado ambiental, el derecho a la vivienda digna, entre otras”, aseguraron.
En ese sentido, indicaron que fueron “demandas ante las cuales las grandes desarrolladoras inmobiliarias, reales beneficiarias del CUR, son totalmente indiferentes”.”Sin embargo, tenemos la certeza de que esta es sólo una primera etapa en la lucha de las y los vecinos por una mejor calidad de vida y la promoción del buen vivir”, destacaron.
En el comunicado, recordaron que “la demanda social de la modificación del Código Urbanístico se consolidó a partir del trabajo comunitario de las y los vecinos que visibilizaron el impacto negativo de la construcción descontrolada en toda la ciudad de Buenos Aires”.
“El lema principal de preservación de la identidad de los barrios fue vaciado de contenido desde el momento en que se propusieron alturas de 24 y 36 metros para barrios como Chacarita, Villa del Parque, Devoto, San Cristóbal, Villa Ortúzar entre otros, caracterizados históricamente por su carácter residencial y de casas bajas”, precisaron.
Destacaron también la labor que llevaron adelante los vecinos de más de más de 10 barrios que presentaron proyectos de ley “que defienden la identidad barrial de manera concreta y no fueron tenidos en cuenta aun cuando solicitó que se los considerara durante las audiencias públicas y en cada instancia en la que pudieron tomar la palabra”.
La aprobación del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad se dio en la última sesión ordinaria de la Legislatura con 31 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones. El expediente obtuvo una primera sanción en septiembre. Posteriormente, fue tratado en una audiencia pública con la participación de más de 1700 vecinos, de los cuales casi el total se expresó en contra de los cambios.
