La comisión de Presupuesto del Parlamento se reunirá este jueves para tratar un paquete de normas económicas con la intención de llevarlas al recinto este mes, en lo podría ser la primera sesión ordinaria tras el parate por el verano y el cierre de listas con miras a las elecciones de mayo.
La cita es a las 16.30 en el salón Alfonsín, donde los diputados analizarán los tres expedientes que fueron girados por la administración de Jorge Macri. La duda que circula en los pasillos de la Legislatura es si avanzarán con el tratamiento en medio de la campaña electoral. En rigor, están frenados desde enero, cuando quedaron relegados del temario de la sesión extraordinaria en que se votó la suspensión de las Paso.
Es que el paquete de leyes abarca medidas tendientes a fortalecer a diversos sectores económicos en algunos casos y aliviar la carga impositiva y moratorias fiscales en otros. Algunos legisladores interpretan que la sanción podría sumar puntos para la campaña del oficialismo.
El más relevante contempla la adhesión del distrito capitalino al al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por el Gobierno nacional en la ley Bases, y al blanqueo de capitales.
“El RIGI, tiene por objeto incentivar las grandes Inversiones nacionales y extranjeras, a los fines de promover el desarrollo y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos de nuestra ciudad”, analizaron.
Por ello, promovieron la adhesión al entender que “va a permitir el incremento de las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior, así como también coadyuvar a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones”.
Por otra parte, con la adhesión al Régimen de Regularización de Activos se busca “eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos exteriorizados por los bienes declarados en el marco de dicho régimen. Además, se garantiza la no aplicación de sanciones, infracciones ni denuncias penales relacionadas con dichos ingresos”.
En este punto, la intención de la administración porteña apunta a que no paguen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos los ingresos exteriorizados por los bienes declarados en el marco de dicho régimen.
Además, intenta garantizar la no aplicación de sanciones, infracciones ni denuncias penales relacionadas con los ingresos.
El expediente, a su vez, contempla modificaciones con el Impuesto de Sellos a partir de la fijación de la alícuota del cero por ciento (0%) a un conjunto de actos, contratos y operaciones de índole comercial, a los fines de propender a la reducción de la carga tributaria.
Entre estas medidas, se encuentra la determinación de esa alícuota para los contratos de locación con fines comerciales, así como la extensión a los contratos de locación de vivienda con fines turísticos, los cuales facilitarán a los contribuyentes y responsables el desarrollo de sus actividades económicas y permitirán disminuir los costos asociados con el turismo.
Propicia la inclusión del beneficio fiscal a las operaciones de leasing relacionadas con vehículos, lo que contribuirá al crecimiento de este tipo de operaciones y promoverá el desarrollo de la industria automotriz en la Ciudad. Finalmente, como medio para facilitar el acceso a la vivienda, establece una alícuota de cero por ciento para aquellos contratos que tengan por objeto la cesión de derechos de fideicomisos inmobiliarios.
El segundo proyecto que tratarán este jueves los legisladores de la Comisión de Presupuesto impulsa un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias destinado a los pequeños y medianos contribuyentes que prevé la condonación de sanciones e intereses de las deudas.
“El régimen propiciado permite resguardar el capital de trabajo de las diversas empresas que desarrollan sus actividades en la jurisdicción, coadyuvando a su reactivación económica y a la preservación de las fuentes laborales, especialmente en el segmento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES”, explicaron desde el Ejecutivo.
Y señalaron que “se otorga a los contribuyentes o responsables de los tributos empadronados, cuya situación económica se ha visto afectada por la evolución de la inflación, la posibilidad de regularizar las obligaciones tributarias adeudadas, permitiéndoles retomar el buen cumplimiento fiscal”.
Por último, se abordará el proyecto de ley que propone llevar a costo cero 71 trámites relacionados con el Registro Civil, otorgamiento de Licencias, Rúbrica de Libros, Permisos, Habilitaciones, Seguridad y Protección Ambiental, entre otros.
“Esta medida impacta de forma directa y positiva sobre trámites que deben realizar empleadores, emprendedores, PyMEs y otros actores del sector productivo de la Ciudad, que pasarán a ser gratuitos. Se busca simplificar trámites y gestiones para beneficiar al sector privado, el motor productivo que impulsa el crecimiento de la Ciudad y del país”, remarcaron fuentes del Gobierno porteño.
Entre los trámites que pasarán a ser gratuitos están la tasa anual de elevadores, instalaciones fijas contra incendios e instalaciones térmicas. Más de 50.000 propiedades de la Ciudad (incluyendo oficinas, viviendas y locales comerciales) ahorrarán, en promedio, $50.000 anuales, que se traducirá en menos gastos de expensas.
En el caso de las licencias de conducir, se propone eliminar el costo de los trámites referidos a estudios complementarios (neuropsicológico y psicodiagnóstico) y certificados de legalidad; mientras que en el Registro Civil no se pagará el trámite de la licencia de traslado de defunciones fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, simplificando y eliminando un arancel en un momento difícil para los familiares.
En el área del Transporte, la propuesta es dejar sin costo más de 10 trámites del sector, incluyendo aquellos vinculados a la renovación de licencias de radio taxis y remises. En el 2024 este trámite costaba $17.800. Y no tendrán que pagar quienes gestionen ante la Agencia de Protección del Ambiente la inscripción y renovación de los registros de profesionales.
