El ministro de Justicia Gabino Tapia y el Procurador Martín Ocampo explicaron ante la Legislatura los alcances del proyecto de emergencia autonómica impulsado por el poder Ejecutivo.
Ambos funcionarios defendieron la propuesta durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se registraron algunos cruces con diputados de la oposición que atribuyeron la presentación de la iniciativa a la campaña electoral. También, sobresalió el uso reiterado de algunas expresiones o términos despectivos.
Durante su intervención, el ministro Tapia explicó que el proyecto busca consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada hace 30 años en la Constitución Nacional, pero aún incompleta en la práctica.
"El jefe de Gobierno nos ha marcado el objetivo de avanzar en todas las acciones necesarias para lograr la consolidación plena de nuestra autonomía", señaló el funcionario y destacó avances recientes, como el traspaso de 31 líneas de colectivos y la recuperación del porcentual de coparticipación, iniciativas que contaron con el acompañamiento de la Legislatura.
Sin embargo, enfatizó que "aún persisten competencias que no han sido transferidas, como la situación de detenidos en comisarías, que deberían estar bajo la órbita del sistema penitenciario federal, o la necesidad de completar la transferencia de la justicia nacional ordinaria". Finalmente, Tapia subrayó que "es fundamental defender los derechos de los porteños, tal como lo dispone la Constitución", y valoró el debate legislativo como parte esencial de ese proceso.
Por su parte, el procurador Ocampo remarcó que "no es casualidad que existan tensiones institucionales: se trata de una disputa de poder" y subrayó que "han pasado 30 años desde la reforma constitucional y la falta de avances ya resulta insostenible”.
Además destacó que “la Corte Suprema ha emitido reiterados fallos y ha advertido sobre el inmovilismo. Por eso, todas las fuerzas políticas debemos asumir el compromiso de actuar: es necesario declarar la emergencia, porque esta parálisis afecta gravemente al federalismo argentino".
El procurador resaltó que la declaración de emergencia autonómica permitirá adoptar medidas excepcionales para proteger derechos locales vulnerados por decisiones nacionales. "Existe un proceso de discriminación hacia los vecinos de la Ciudad. La emergencia es una herramienta para terminar con esa discriminación", afirmó y detalló, entre los posibles efectos de la ley, la creación de nuevos fueros judiciales locales y la adecuación de requisitos para ejercer competencias que hoy dependen del ámbito nacional, como el Registro Público de Comercio.
El proyecto en tratamiento declara la emergencia autonómica de la Ciudad por dos años, con posibilidad de prórroga mientras subsistan las condiciones que lo justifiquen.
Insta “a los Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras de la Nación, en especial a quienes representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, con el propósito de consolidar la plena y total autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a ratificar los convenios de transferencia de competencias pendientes y a aprobar todos los proyectos de ley que se propicien en la materia”.
Además, exhorta “al Estado Nacional a suscribir los convenios necesarios para concretar todas las transferencias pendientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Y encomienda a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “iniciar las acciones judiciales que resulten necesarias para la declaración de inconstitucionalidad de las normas que limitan la autonomía jurisdiccional de la Ciudad y la solicitud judicial de la efectiva transferencia de la justicia nacional ordinaria con sede en esta Ciudad con la pertinente transferencia de los recursos”.
También a “realizar todas las acciones conducentes en el marco de su competencia, a efectos de consolidar la autonomía de la Ciudad”.
Durante la reunión, la legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria (UXP) fustigó la propuesta del Ejecutivo al señalar que “es una declaración electoral” a través de la cual desde el oficialismo porteña intentar dirimir “una interna berreta con La Libertad Avanza”. “Es inadmisible”, aseguró.
Por su parte, el legislador libertario Juan Pablo Arenaza coincidió en que “es un acto electoral”; al tiempo que la colega del bloque María Luisa Estevarena consideró que la reunión era “hueca y un sinsentido”.
Graciana Peñafort, de UXP, dijo que “difícil que se pueda hacer algo en materia de autonomía sino nos transfieren las competencias con recursos”. Además, sostuvo que “es absurdo” que en el proyecto se pida a los legisladores la autorización a iniciar las acciones judiciales. “Todos queremos la autonomía, pero no que sea para un artilugio de campaña”.
