La legisladora porteña Claudia Neira presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle el alcance y los fundamentos de la licitación impulsada por el Gobierno de la Ciudad para desarrollar una red de estacionamientos subterráneos en distintos barrios porteños.
La iniciativa apunta a poner bajo la lupa un proyecto oficial que, según se argumenta, busca ordenar el tránsito y desalentar el ingreso de vehículos a zonas congestionadas.
El requerimiento parlamentario se inscribe en el marco de la licitación lanzada por el Gobierno de la Ciudad para construir y explotar cocheras subterráneas en espacios públicos estratégicos, principalmente plazas ubicadas tanto en el norte como en el sur.
El esquema prevé que empresas privadas se hagan cargo de las obras y luego operen los estacionamientos bajo un régimen de concesión, en línea con una política que combina inversión privada con gestión urbana.
Desde el oficialismo se plantea que estos estacionamientos tendrán un carácter “disuasorio”, es decir, que estarán orientados a reducir la circulación en superficie y promover una movilidad más ordenada. La iniciativa también busca liberar espacio en la vía pública y mejorar el entorno urbano en zonas de alta densidad, donde el estacionamiento suele ser un problema recurrente.
Sin embargo, el pedido de informes pone el foco en distintos aspectos del proceso licitatorio. Entre ellos, la legisladora solicita precisiones sobre el encuadre legal que permitió incorporar nuevas localizaciones al sistema, así como también sobre los criterios utilizados para declarar de interés público la iniciativa privada que dio origen al proyecto.
Otro de los ejes centrales del planteo es la necesidad de conocer si se realizaron estudios previos que respalden la viabilidad urbana, ambiental y de movilidad de las obras proyectadas, así como el grado de integración previsto con el transporte público, un punto clave para sostener el carácter disuasorio del sistema.
En cuanto a las ubicaciones previstas, el proyecto abarca distintos puntos de la Ciudad con perfiles urbanos diversos. En el sur porteño, una de las intervenciones se proyecta en el entorno del Parque España, en Barracas, mientras que otra se ubica en el cruce de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios, un área con intensa actividad diaria y dificultades recurrentes para estacionar.
Hacia el norte, una de las localizaciones más sensibles es la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo, un sector atravesado por la actividad gastronómica y comercial que concentra una alta demanda de espacios para dejar vehículos. En la misma línea, el plan incluye el Parque de la Innovación, en Núñez, un polo en desarrollo que combina usos académicos, tecnológicos y urbanos.
Por último, también se contempla una intervención en Plaza Noruega, en Belgrano, otro punto donde la presión del tránsito y la falta de estacionamiento generan conflictos cotidianos. En todos los casos, se trata de espacios públicos de cercanía, lo que suma complejidad al debate sobre el impacto de las obras.
La iniciativa también indaga sobre la participación de actores institucionales y de la ciudadanía en el proceso. En ese sentido, se solicita información acerca de la intervención de las juntas comunales y la eventual realización de instancias de consulta vecinal, teniendo en cuenta que las obras impactarán directamente en espacios públicos de uso cotidiano.
En los fundamentos, Neira advierte que el sistema de estacionamientos disuasorios vigente fue concebido hace casi dos décadas, en un contexto urbano distinto, por lo que considera necesario revisar su actualización de manera integral. En ese marco, plantea interrogantes sobre la decisión de avanzar mediante resoluciones administrativas en lugar de promover un debate legislativo más amplio.
