La discusión por la ampliación del Presupuesto 2026 comenzó a tomar temperatura política en la Legislatura porteña, donde el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, se presentó ante diputados para defender el proyecto impulsado por el Ejecutivo que prevé un incremento del 15% de los recursos vigentes.
En un Salón Montevideo con presencia opositora, la exposición oficial estuvo atravesada por cuestionamientos sobre la consistencia de las proyecciones, el destino de los fondos y la dependencia de ingresos aún inciertos.
El pedido, promovido por la administración de Jorge Macri, implica una ampliación de $2,68 billones sobre un presupuesto original de $17,3 billones, con el argumento central de recomponer partidas afectadas por una inflación que superó las previsiones iniciales.
Arengo sostuvo que la actualización es necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y evitar un deterioro en servicios esenciales, en un contexto económico más exigente del proyectado al inicio del ejercicio.
Durante el intercambio, legisladores del arco opositor plantearon cuestionamientos políticos y técnicos sobre el proyecto. La diputada Claudia Neira señaló que “vemos en esta ampliación un poco de lo que es la relación del Gobierno de la Ciudad con el nacional. La realidad se impone y, por más que Jorge Macri quiera ser libertario, la Ciudad está sufriendo la inflación que hoy tiene el país”, en referencia al contexto macroeconómico que condiciona las cuentas públicas.
En la misma línea, el legislador Matías Barroetaveña advirtió sobre la falta de precisiones en el destino de los fondos y cuestionó las proyecciones de ingresos. “Hay una ausencia de detalle en qué van a usar la plata. Con la caída de la recaudación, menos actividad y una crisis que golpea a todos, no se entiende de dónde sale la idea de que la Ciudad va a contar con más recursos para sostener esta inflación”, afirmó.
Por su parte, Juan Pablo Modarelli puso el foco en el impacto del proyecto sobre los contribuyentes y reclamó definiciones sobre las prioridades del gasto. “¿Qué áreas se priorizaron en esta ampliación? Porque preocupa que se profundice la política confiscatoria”, planteó durante la reunión.
También hubo interrogantes desde sectores como el referenciado en Horacio Rodríguez Larreta. El diputado Emmanuel Ferrario consultó por los riesgos del esquema de financiamiento, particularmente en relación con los fondos de coparticipación.
“Teniendo en cuenta que el financiamiento de esta ampliación, uno de cada tres pesos, depende del cumplimiento por parte del Gobierno nacional de la medida ordenada por la Corte de Justicia, ¿cuáles son los escenarios que se estudian en caso de que el incumplimiento continúe con la tendencia actual?”, preguntó.
Ante estos planteos, el ministro sostuvo que la Ciudad busca sostener el equilibrio fiscal en un contexto complejo y que la ampliación permitirá garantizar el funcionamiento del Estado sin afectar la calidad de los servicios.
En relación a los criterios generales del presupuesto, Arengo indicó que la ampliación presupuestaria solicitada se basa en nuevas proyecciones macroeconómicas, de acuerdo a las variables que surgen del REM publicado por el BCRA: inflación proyectada para el corriente año de 29,1%, tipo de cambio a diciembre de $1.700 y crecimiento de la actividad económica del 3,3%.
En lo que respecta al proyecto de ley de Ampliación Presupuestaria, desde el lado del cálculo del gasto, el funcionario expresó que “el monto solicitado permitirá que los salarios de docentes, médicos, enfermeros, policías y de todos los empleados de la Ciudad puedan ir acompañando el ritmo de la inflación en lo que resta del año, como así también a la previsión de compra de insumos médicos y medicamentos”.
Con esta readecuación presupuestaria también se hará frente a la actualización tanto de los contratos de recolección de residuos, limpieza de hospitales, escuelas y espacios verdes, así como también de los precios de las obras públicas, mantenimiento, reparaciones y equipamiento contemplados en el plan plurianual de inversiones sancionado.
“Este proyecto de ley no presenta cambios estructurales al Presupuesto de la Ciudad así como tampoco modificaciones al Código Fiscal ni a la Leyes Arancelaria e Impositiva Tributaria. Por el contrario, este presupuesto incluye bajas impositivas que se votaron en noviembre del año pasado, en un trabajo en conjunto con la Legislatura”, finalizó.
