La Legislatura porteña tendrá mañana su segunda sesión ordinaria previa al receso de invierno y a la interrupción de la actividad por el Mundial, con un temario atravesado por la ampliación presupuestaria impulsada por el Ejecutivo, una batería de pedidos de informes sobre políticas sociales y un nuevo proyecto para crear una comisión especial de seguimiento de la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.
La sesión, convocada para las 11, tendrá como eje el tratamiento del expediente 1188-J-2026, enviado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, que propone modificar el Presupuesto 2026 en $2,6 billones para readecuar partidas frente al actual escenario económico. El proyecto ya obtuvo despacho en la Comisión de Presupuesto y es considerado prioritario por el oficialismo.
El paquete económico contará con tres expedientes impulsados por el bloque de La Libertad Avanza: la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases nacional, mediante el expediente 831-D-2026, y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), contenido en el expediente 833-D-2026. A eso se suma una modificación de la Ley Impositiva para actualizar parámetros y alícuotas tributarias locales.
En paralelo, la sesión estará marcada por una fuerte ofensiva opositora en materia de control parlamentario: el plan de labor incluye más de 60 pedidos de informes dirigidos al Gobierno porteño, muchos de ellos enfocados en áreas sociales, vivienda, salud mental, situación de calle, infraestructura y programas alimentarios.
Entre los expedientes más relevantes aparecen consultas sobre el relevamiento oficial de personas en situación de calle, el funcionamiento de los Centros de Inclusión Social (CIS), el protocolo de atención para personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos y los operativos realizados contra personas que viven en la calle en Plaza Casal y sus alrededores. También se pedirán detalles sobre programas de asistencia alimentaria y sobre el plan “Ciudadanía Porteña con Todo Derecho”.
La oposición también buscará respuestas sobre las llamadas “casas vinculares”, dispositivos para personas con problemas de salud mental y adicciones, y programas dependientes de la Dirección General de Estrategias Habitacionales. También, figuran pedidos de informes sobre desalojos, clausuras de inmuebles y la situación de familias afectadas por procesos de desocupación administrativa o judicial.
En materia habitacional y urbana, el temario incluye requerimientos vinculados a la reurbanización de los barrios Padre Mugica, Villa 20, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita, así como informes sobre la emergencia eléctrica en la Villa 21-24, complejos habitacionales para familias relocalizadas del Camino de Sirga y el programa “Autogestión para la Vivienda”.
También habrá solicitudes de información sobre obras públicas y transporte, entre ellos el avance de la Línea F de subtes, las condiciones de accesibilidad en estaciones de la red, la construcción de los ramales Martí y Zuviría del arroyo Cildañez, el “Master Plan Autopista Parque Dellepiane” y los obradores abandonados del soterramiento del Sarmiento.
En salud y políticas sociales, figuran expedientes relacionados con casos de tuberculosis diagnosticados en la Ciudad, el funcionamiento del Consejo General de Salud Mental, la atención de personas en situación de calle con consumo problemático, la asistencia gerontológica domiciliaria y el endeudamiento de adultos mayores. También se incorporan consultas sobre retención escolar de alumnas embarazadas y programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes.
El listado se completa con pedidos de informes sobre higiene urbana, control de plagas, arbolado público, funcionamiento del Banco Ciudad, empleo público, geolocalización de trabajadores estatales y controles de acceso en el Ecoparque.
Otro de los proyectos que buscará instalarse en la discusión parlamentaria es la creación de una Comisión de Seguimiento del Estado de la Deuda por Coparticipación, destinada a monitorear el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos a la Ciudad.
La iniciativa lanzada por el bloque de Horacio Rodríguez Larreta propone conformar un
organismo integrado por autoridades legislativas y funcionarios del Ejecutivo para controlar el estado de cobro de la deuda que mantiene el Estado nacional con la administración porteña.
El proyecto establece que el Gobierno de la Ciudad deberá enviar informes mensuales con detalle de montos transferidos, deuda acumulada, gestiones realizadas ante Nación y proyecciones de ingresos futuros. También prevé que toda la información sea pública y accesible desde la web oficial de la Legislatura.
