El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad de Buenos Aires, un mecanismo que buscará intervenir en los conflictos laborales individuales antes de que lleguen a la Justicia del Trabajo porteña.
La iniciativa, ingresada este martes bajo el expediente 1749-J-2026, propone la creación de un ámbito administrativo de conciliación dependiente de la autoridad laboral de la Ciudad. El objetivo es que trabajadores y empleadores intenten alcanzar un acuerdo mediante una instancia obligatoria previa al inicio de una demanda judicial.
Según el texto enviado por el Ejecutivo, el nuevo organismo tendrá competencia en los reclamos individuales o pluriindividuales que correspondan a la Justicia del Trabajo de la Ciudad, además de intervenir en la homologación de acuerdos y en procedimientos de arbitraje voluntario.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro de Conciliadores Laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para integrar ese cuerpo, los postulantes deberán ser abogados con matrícula activa, acreditar antecedentes en derecho laboral y contar con formación o experiencia en métodos alternativos de resolución de conflictos.
La propuesta establece que el trámite será gratuito para los trabajadores. Una vez iniciado el reclamo, el sistema realizará un sorteo electrónico para designar al conciliador que intervendrá en el caso. La primera audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la designación.
El procedimiento tendrá una duración inicial de veinte días hábiles, con posibilidad de una prórroga de hasta quince días más si ambas partes están de acuerdo y el conciliador considera que existen posibilidades de arribar a una solución. Si no se alcanza un entendimiento, quedará habilitada la vía judicial.
El proyecto también prevé sanciones para quienes no concurran a las audiencias sin justificación. En esos casos, la autoridad laboral podrá aplicar multas equivalentes al valor de los honorarios básicos del conciliador interviniente.
Otro aspecto destacado es que los acuerdos alcanzados durante la conciliación deberán ser sometidos a un control de legalidad por parte de la autoridad administrativa del trabajo. Solo después de esa revisión podrán ser homologados y adquirir fuerza ejecutiva. En caso de incumplimiento, el trabajador podrá reclamar judicialmente la ejecución del acuerdo.
La iniciativa incorpora además un Servicio de Ratificación Laboral Espontáneo para aquellos casos en los que trabajador y empleador ya hayan alcanzado un acuerdo por fuera del procedimiento formal. En esas situaciones, las partes podrán solicitar la homologación administrativa para otorgarle validez legal y efecto de cosa juzgada.
El texto contempla también la posibilidad de descentralizar servicios de conciliación mediante convenios con asociaciones sindicales o empresariales y habilita mecanismos de arbitraje voluntario cuando las partes no logren arribar a un acuerdo durante la etapa conciliatoria.
En los fundamentos que acompañan el proyecto, el Ejecutivo sostiene que la medida apunta a fortalecer la autonomía jurisdiccional de la Ciudad y a dotar a la futura Justicia del Trabajo porteña de herramientas que permitan resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, promoviendo soluciones consensuadas antes de la judicialización de los casos.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes, donde deberá ser debatida antes de llegar al recinto para su tratamiento por parte de los diputados de la Ciudad. También lleva la firma del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien impulsó la elaboración de la propuesta.
