Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, emitió este jueves dictamen favorable al proyecto impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para endurecer las sanciones contra los cuidacoches, también llamados "trapitos".
La iniciativa propone multas de hasta seis millones de pesos, arrestos de entre cinco y treinta días y nuevas penalidades para quienes organicen o promuevan estas actividades.
Mientras el oficialismo defendió la necesidad de avanzar con penas más severas para recuperar el espacio público, sectores de la oposición reclamaron ampliar el debate e incorporar sanciones a la connivencia policial que, aseguran, permite el funcionamiento de las redes que operan alrededor de los eventos masivos.
La reunión conjunta analizó el expediente enviado por el Poder Ejecutivo y una propuesta alternativa presentada por la diputada Pilar Ramírez de La Libertad Avanza. El texto promovido por el Gobierno porteño modifica el Código Contravencional para endurecer las consecuencias para quienes exijan dinero por estacionar vehículos en la vía pública sin autorización.
Entre los cambios previstos figuran multas económicas más elevadas, más días de arresto, ampliación de agravantes vinculados a situaciones de intimidación y violencia, y sanciones especiales para organizadores o jefes de grupos de cuidacoches. También contempla penalidades para clubes, instituciones u organizadores de eventos que faciliten o amparen estas prácticas.
La diputada oficialista Gimena Villafruela defendió el proyecto al señalar que “la ley antitrapitos forma parte de la recuperación del espacio público, para tener una ciudad con más orden y en cumplimiento de la ley”. Afirmó además que se trata de una iniciativa “prioritaria para los vecinos” y destacó que incorpora más días de arresto, amplía la escala de trabajo de utilidad pública y suma agravantes vinculados a situaciones de intimidación. Según indicó, para quienes organizan estas actividades también se prevé la imposibilidad de acceder a determinados beneficios sociales.
“Este dictamen es un gran paso para evitar prácticas que intimiden por el uso del espacio público”, sostuvo la legisladora del PRO.
La defensa más enfática de la propuesta llegó de la mano de la diputada Silvia Lospennato, quien afirmó que existe “una demanda de los porteños que sufren una extorsión cada vez que van a un espectáculo”. “Este es un problema recurrente y lo queremos terminar. Desde la reforma de 2018 no se resolvió el problema. Nadie tiene derecho a apropiarse del espacio público, menos de hacerlo de forma violenta vulnerando la voluntad de los ciudadanos”, expresó.
Lospennato consideró que, de aprobarse la iniciativa, “se podrá dar una respuesta a los vecinos” frente a una problemática que se repite en las inmediaciones de estadios, recitales y otros eventos masivos.
Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la velocidad con la que se busca aprobarlo. El diputado Federico Mochi, del bloque Fuerza por Buenos Aires, advirtió que no existen datos oficiales que permitan dimensionar el fenómeno. “No hay datos de cuántos cuidacoches hay. Es difícil abordar el tema de forma tan rápida sin información oficial”, señaló.
Mochi también puso en duda la efectividad de las nuevas sanciones. “¿Qué va a hacer el oficialismo con detenciones de hasta treinta días cuando las comisarías están colapsadas?”, preguntó. Además defendió un proyecto alternativo que incorpora la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. “Muchas veces la Policía libera zonas para las mafias que operan alrededor de esta actividad”, sostuvo. “No se puede tratar esto a las apuradas; la Legislatura debería discutirlo con más seriedad”.
En la misma línea se expresó la presidenta del bloque, Claudia Neira, quien aseguró que “nunca hubo una solución real al problema” y remarcó que la mayor concentración de cuidacoches se registra en eventos masivos. La legisladora propuso avanzar sobre los jefes de las organizaciones y sobre los casos de connivencia policial.
Neira cuestionó además los resultados obtenidos hasta ahora por el esquema vigente. “De 11.193 contravenciones no hubo sentencias condenatorias”, afirmó. “No somos cómplices del engaño a los porteños. Queremos discutir una solución en serio. Estamos en contra de las mafias y por eso presentamos un proyecto”.
La exsenadora nacional y referente del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri, anticipó el acompañamiento de su bloque, aunque cuestionó el discurso del Ejecutivo. “No les mientan a los porteños diciendo que no existían herramientas. Lo que hay es una incapacidad de la gestión para aplicarlas”, afirmó.
Otra de las voces críticas fue la de Graciana Peñafort, quien sostuvo que el endurecimiento de penas repite una estrategia que ya fracasó. “No entiendo por qué seguimos insistiendo con un camino que en veinte años del PRO no funcionó. Ya intentamos subir las penas a los trapitos y no dio resultado. ¿Por qué no probamos con la connivencia policial?, afirmó. Para la legisladora, la iniciativa constituye “una mala e ineficiente solución y una enorme mentira a los vecinos”.
La diputada Graciela Ocaña también expresó reparos respecto del proyecto. Si bien reconoció que la presencia de trapitos constituye una preocupación ciudadana, especialmente en zonas de espectáculos masivos, consideró que el texto no aborda el problema de fondo.
“No me queda claro que este sea el camino para una solución. Hubo muy poco tiempo de tratamiento en la Legislatura y el proyecto tiene grandes inconsistencias. Las penas son desproporcionadas”, sostuvo. “Trabajemos con seriedad para no volver a frustrar a los vecinos”.
Previamente a la exposición de los legisladores, tomó la palabra Ignacio Strafece, trabajador de la economía popular, quien cuestionó el enfoque punitivo de la iniciativa.
“Cuesta entender cómo estamos penalizando el trabajo de las personas. Es aberrante que digan que alguien tiene que ir preso por trabajar. Ser limpiavidrios me permitió tener un techo y salir adelante”, expresó.
El expositor sostuvo que el debate debería centrarse en la regularización laboral y no en la criminalización de quienes buscan ingresos en la vía pública. “Un cuidacoche pasa doce horas en la calle. La discusión debería ser cómo ayudarlos a tener un trabajo digno y no cómo mandar un patrullero para encarcelar a un padre de familia”, afirmó.
Pese a que uno de los proyectos en debate fue impulsado originalmente por La Libertad Avanza, durante la reunión ningún legislador de ese espacio tomó la palabra para defender o explicar la iniciativa.
Con el dictamen ya firmado por las comisiones, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión que podría realizarse el jueves 18 de junio.
