El bloque Fuerza por Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para conocer la situación del tránsito pesado, los depósitos y establecimientos logísticos en distintos sectores de Nueva Pompeya.
La iniciativa apunta a determinar qué controles realiza el Gobierno de la Ciudad frente a una problemática que, según sus fundamentos, genera crecientes conflictos con las zonas residenciales y reiterados reclamos de los vecinos.
El proyecto comprende dos sectores del barrio: el polígono delimitado por las avenidas Perito Moreno, Del Barco Centenera, Intendente Francisco Rabanal, Varela y General Francisco Fernández de la Cruz, y el área alcanzada por la Ley 3.059 de Emergencia Urbanística y Ambiental de Nueva Pompeya, que se extiende entre las avenidas Amancio Alcorta, General Tomás Iriarte, Don Pedro de Mendoza y Sáenz, la calle Iguazú y el margen norte del Riachuelo.
El Ejecutivo deberá responder, entre otros puntos, si recibió denuncias vecinales vinculadas con camiones y cuál fue el tratamiento dado a esos reclamos.
Uno de los principales ejes del pedido está puesto en la circulación de vehículos pesados por fuera de las vías autorizadas, el estacionamiento de camiones en calles del barrio y las operaciones de carga y descarga realizadas en el espacio público. Fuerza por Buenos Aires solicita conocer la cantidad de inspecciones e infracciones registradas durante los últimos tres años y qué medidas fueron adoptadas o están previstas para hacer cumplir las restricciones vigentes.
En los fundamentos se recogen reclamos por camiones que circulan por calles residenciales, permanecen estacionados durante períodos prolongados o utilizan la vía pública para esperar y realizar maniobras.
La iniciativa también busca determinar cómo evolucionó la actividad logística en Nueva Pompeya. Para eso, pide un listado de los depósitos, establecimientos de almacenamiento y emprendimientos logísticos habilitados en los últimos tres años, con sus domicilios, superficies y rubros, además de información sobre las inspecciones realizadas y las eventuales clausuras, sanciones, intimaciones o adecuaciones ordenadas. Los legisladores vinculan este punto con la preocupación expresada por residentes ante la instalación de nuevos establecimientos y el consecuente incremento de la circulación de vehículos de gran porte.
Otro capítulo del proyecto apunta al cumplimiento de la Ley 3.059, mediante la cual la Legislatura declaró en 2009 la Emergencia Urbanística y Ambiental de un sector de Nueva Pompeya afectado por la convivencia entre actividades industriales y residenciales.
El pedido busca conocer qué ocurrió con las medidas previstas entonces, entre ellas los estudios sobre el estado de la red vial y posibles daños estructurales en viviendas, los controles para evitar que el espacio público sea utilizado como playa de maniobras y las evaluaciones sobre contaminación del aire y niveles de ruido. También consulta por las acciones destinadas a reducir los conflictos entre las actividades productivas y las viviendas.
En sus fundamentos, Fuerza por Buenos Aires sostiene que la situación tiene además una dimensión vinculada con la seguridad vial y menciona la preocupación de los vecinos por siniestros protagonizados por camiones, algunos con consecuencias fatales para peatones. El pedido pretende así obtener un panorama actualizado sobre el funcionamiento de la actividad logística y los controles en una zona donde conviven desde hace años viviendas, industrias y depósitos. Con esa información, el bloque busca evaluar tanto el cumplimiento de las restricciones existentes como las medidas necesarias para reducir el impacto del tránsito pesado sobre la vida cotidiana de Nueva Pompeya.
