La Legislatura porteña concentra por estos días una de las agendas institucionales más importantes del año. A través de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, el Parlamento porteño impulsa en forma simultánea los procedimientos para la designación de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal y los primeros magistrados del Fuero del Trabajo.
En todos los casos se trata de mecanismos regulados por la Constitución de la Ciudad y distintas leyes específicas, que contemplan instancias de publicidad, participación ciudadana y control parlamentario antes de la votación definitiva en el recinto.
El procedimiento que aplica la Legislatura busca garantizar transparencia en la cobertura de cargos de relevancia institucional.
Según el caso, comienza con la convocatoria o la recepción de postulaciones, continúa con la publicación de los antecedentes de los candidatos para conocimiento de la ciudadanía, la apertura de un registro para que cualquier persona pueda formular impugnaciones u observaciones fundadas, el análisis de esas presentaciones por parte de la Junta de Ética y las comisiones competentes, la realización de una audiencia pública y, finalmente, el tratamiento de los pliegos en el recinto, donde los legisladores deben reunir las mayorías exigidas por la normativa para concretar las designaciones.
Defensoría del Pueblo
El expediente de mayor trascendencia política corresponde a la renovación de la conducción de la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo creado por la Constitución porteña cuya misión es proteger los derechos e intereses de los habitantes de la Ciudad frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública, empresas concesionarias de servicios públicos y otros sujetos alcanzados por su competencia.
Además de recibir reclamos individuales, puede formular recomendaciones, impulsar investigaciones e intervenir en conflictos de interés colectivo.
Para cubrir los cargos de defensor o defensora y de los adjuntos se abrió un registro público de postulantes, que ya concluyó con 20 candidaturas formalizadas. Entre los primeros inscriptos figuran la actual Defensora María Rosa Muiños, junto a otros candidatos entre los que se encuentran Facundo Sáez, Silke Arndt, Delfina Vila Moret, Juan Pablo O'Dezaille, Norberto Darcy, Matías Debesa, Facundo Di Filippo, Patricia Vischi y Mara Brawer.
Cumplida la etapa de inscripción y publicación de antecedentes, el procedimiento avanzó con el período de impugnaciones y desembocará en la audiencia pública convocada para el 10 de agosto, donde legisladores, organizaciones y ciudadanos podrán expresar observaciones sobre las candidaturas.
Una vez concluida esa instancia, la Junta de Ética y la Comisión de Asuntos Constitucionales emitirán el dictamen correspondiente para que los diputados voten en sesión dentro del recinto las designaciones.
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
Otro de los procesos en marcha es el correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, organismo de control independiente encargado de supervisar la calidad de los servicios públicos bajo jurisdicción de la Ciudad, controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, atender reclamos de usuarios y consumidores y formular recomendaciones tanto a las empresas prestatarias como al Gobierno porteño.
En este caso, la Junta de Ética aprobó la resolución que permite avanzar con la designación de la presidencia y de los vocales del organismo luego de recibir las postulaciones remitidas por el jefe de Gobierno, los bloques legislativos y las organizaciones de consumidores y usuarios, conforme lo establece la legislación vigente.
Semanas atrás, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio el primer paso formal para renovar la conducción del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires al enviar a la Legislatura el pliego de Paola Vanesa Michielotto para ocupar la presidencia del organismo.
El cronograma aprobado dispone que la Dirección General de Participación Ciudadana publique los antecedentes de todos los candidatos durante dos días hábiles y habilite el registro de impugnaciones entre el 21 y el 25 de agosto.
Superada esa instancia, la Junta de Ética analizará las observaciones recibidas y convocará a la audiencia pública fijada para el 15 de septiembre, paso previo a la votación definitiva por parte de la Legislatura.
Fiscalía General
La Legislatura también se encuentra tramitando la designación del próximo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, organismo que tiene a su cargo la conducción de la política de persecución penal en la Ciudad y dirige el funcionamiento de los fiscales que intervienen en investigaciones y procesos judiciales.
El expediente corresponde al pliego de Javier Martín López Zavaleta, remitido para ocupar ese cargo. Como ocurre con las restantes designaciones institucionales, el procedimiento contempla la publicación de antecedentes, la posibilidad de formular observaciones y una audiencia pública, prevista para el 12 de agosto, antes de que el pliego sea sometido a consideración del recinto.
Primeros magistrados del Fuero del Trabajo
A estos procesos se sumó esta semana el inicio formal del procedimiento legislativo para designar a los 21 magistrados y funcionarios que integrarán la primera estructura del Fuero del Trabajo de la Ciudad, creado para asumir progresivamente las competencias laborales que actualmente ejerce la Justicia Nacional.
El nuevo fuero estará conformado por diez juzgados de primera instancia, una Cámara de Apelaciones, fiscalías y asesorías tutelares especializadas.
Luego de que el Consejo de la Magistratura enviara a la Legislatura los pliegos de los candidatos seleccionados mediante concurso, la Junta de Ética aprobó seis resoluciones para iniciar la etapa de participación ciudadana correspondiente a cada categoría de cargo.
Los expedientes comprenden la designación de seis jueces de Cámara, un fiscal de Cámara, diez jueces de primera instancia, dos fiscales de primera instancia, un asesor tutelar ante la Cámara y un asesor tutelar para los juzgados de primera instancia.
Cada uno de esos expedientes seguirá el mismo mecanismo previsto por la legislación: publicación de antecedentes, apertura del período para observaciones ciudadanas, realización de audiencias públicas —convocadas para el 18 de septiembre— y posterior tratamiento en el recinto, donde la Legislatura deberá prestar acuerdo para que los postulantes puedan asumir sus funciones.
