El bloque de Fuerza por Buenos Aires presentó dos proyectos de resolución en la Legislatura porteña para citar a funcionarios del Gobierno de Jorge Macri y solicitar explicaciones sobre el operativo “Tormenta Negra”, desplegado el 24 de septiembre de manera simultánea en 15 villas y barrios populares de la Ciudad.
Las iniciativas plantean convocar a integrantes de las áreas de Seguridad y de Espacio Público para que informen ante las comisiones legislativas correspondientes sobre los fundamentos, criterios aplicados, resultados y características del procedimiento.
Uno de los proyectos propone citar ante la Comisión de Seguridad al ministro de Seguridad, Horacio Alberto Giménez, y al secretario de Seguridad, Maximiliano Hernán Piñeiro.
El segundo solicita la comparecencia ante la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público del ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Miguel Baistrocchi, y del secretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín Villanueva.
En ambos casos, las convocatorias se fundamentan en las facultades de control de la Legislatura previstas por la Constitución de la Ciudad.
Según informó oficialmente el Gobierno porteño, el operativo comenzó después de las 18 y movilizó a más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas en las villas 31, 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Padre Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Participaron también agentes de Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, la Agencia Gubernamental de Control, PROCOM y SAME.
La Ciudad informó 17 detenidos y el secuestro de 192 vehículos, además de inspecciones a locales comerciales, remoción de autos abandonados y tareas de limpieza y retiro de chatarra.
En los fundamentos de las iniciativas, Fuerza por Buenos Aires plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y efectividad del despliegue a partir de la cantidad de efectivos movilizados y los resultados informados oficialmente.
El bloque también incorpora cuestionamientos surgidos de organizaciones sociales, medios de comunicación y testimonios de vecinos de los barrios intervenidos, que refirieron situaciones de violencia policial, utilización de gases lacrimógenos y balas de goma, intervenciones sobre personas en situación de calle y retiro de herramientas de trabajo.
Estos señalamientos también fueron difundidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que informó haber registrado episodios de violencia policial y detenciones que considera arbitrarias.
Los proyectos señalan además que el operativo constituye una reedición de un procedimiento realizado en mayo bajo la misma denominación. En aquella oportunidad, el Gobierno porteño había desplegado más de 1.500 efectivos en barrios populares y reportado 27 detenidos, además de clausuras de comercios y el secuestro de vehículos.
A partir de estos antecedentes, el bloque sostiene que resulta necesario que los funcionarios responsables concurran a la Legislatura para explicar el criterio utilizado en el despliegue y detallar las acciones desarrolladas tanto en materia de seguridad como de ordenamiento urbano.
En particular, las resoluciones solicitan información sobre la pertinencia, proporcionalidad, efectividad y legalidad de las medidas adoptadas durante el operativo del 24 de septiembre.
Fuerza por Buenos Aires recordó, además, que ya presentó otros expedientes vinculados con este tipo de operativos, entre ellos los números 1813-D-2026, 2926-D-2026, 3010-D-2026 y 3015-D-2026, y planteó que la nueva convocatoria permitiría que los funcionarios responsables brinden información directamente ante los legisladores.
