El traslado de personas privadas de su libertad desde el penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz abrió interrogantes sobre la continuidad del Centro Universitario Devoto (CUD), donde funciona el programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires.
Frente a esta situación, el bloque Fuerza por Buenos Aires presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña para expresar su preocupación por el operativo iniciado el domingo 11 de octubre.
La iniciativa cuestiona que los traslados se hayan realizado, según sostiene, sin la debida notificación a familiares, abogados defensores, juzgados intervinientes y organismos de control.
Entre los principales puntos de preocupación figura el impacto sobre las personas que cursan carreras universitarias en el CUD, ya que el procedimiento se inició durante el cuatrimestre y podría afectar la continuidad de sus estudios. El texto también señala que el protocolo del Servicio Penitenciario Federal contempla restricciones a los traslados que interrumpan el acceso a la educación.
El proyecto advierte, además, sobre las dificultades que enfrentan los familiares para conocer el destino de las personas detenidas y las condiciones en las que se encuentran.
Según los fundamentos, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD) denunció que numerosas familias no fueron informadas sobre los establecimientos, módulos o pabellones a los que fueron trasladados sus allegados. También cuestiona la suspensión de las visitas, tanto para quienes fueron derivados a Marcos Paz como para quienes permanecen en Devoto, sin una fecha cierta de reanudación.
La presentación señala que la falta de información alcanza también a cuestiones vinculadas con la alimentación, los tratamientos médicos, la provisión de medicamentos y la conservación de las pertenencias personales. A su vez, sostiene que funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación tuvieron impedimentos para ingresar al penal e inspeccionar las condiciones de detención, lo que habría obstaculizado las tareas de control del organismo.
Como antecedente, el bloque cita el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *López y otros vs. Argentina*, de 2019, que condenó al Estado argentino por traslados penitenciarios sorpresivos realizados sin aviso previo a los familiares ni evaluación de sus consecuencias sobre la vida familiar. También invoca las garantías previstas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y las normas que regulan el acceso a la educación de las personas detenidas.
El proyecto busca que la Legislatura exprese formalmente su preocupación por el procedimiento y sus consecuencias sobre los derechos de la población penitenciaria. Aunque no propone medidas específicas sobre el funcionamiento futuro del CUD, pone en discusión la continuidad de las carreras universitarias en Devoto en medio del proceso de traslado hacia Marcos Paz.
