Una delegación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial porteño participó la semana pasada en la Ciudad del Vaticano de la cumbre internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, evento en el que se advirtió sobre el impacto de la crisis ambiental en las comunidades más vulnerables y se discutió acerca de qué papel debería asumir la Justicia para dar soluciones concretas frente a este fenómeno.
El encuentro se desarrolló durante dos jornadas, el 6 y 7 de octubre pasados, en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en la Ciudad del Vaticano. Contó con la participación de jueces de tribunales nacionales, regionales e internacionales, además de especialistas del ámbito jurídico y académico de distintos países; todos ellos fueron convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de estudios creado en 2023 por el Papa Francisco.
Al cierre del evento, los participantes firmaron una “Declaración de la Casina Pio IV sobre el acceso a la justicia climática” en la que advirtieron que la emergencia climática constituye “una amenaza existencial” y que, como tal, “ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”.
La delegación porteña estuvo encabezada por Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), y la integraron Genoveva Ferrero, Secretaria General de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad y titular del Observatorio de Discapacidad; Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; Horacio Corti, consejero y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y juez de Cámara y Vanesa Siley, diputada, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación y Secretaria General de SITRAJU.
El juez Gallardo, quien tuvo a su cargo la apertura y el cierre del encuentro, recordó la centralidad del magisterio social del papa Francisco y su llamado a juezas y jueces a ejercer su responsabilidad en defensa de la justicia social y la dignidad humana.
“Nuestro foco tiene que ser justicia social y, sobre todo, para los grupos vulnerados -enfatizó Gallardo-. Todos ejercemos diariamente cuotas de poder en nuestras regiones, en nuestros países. (El papa) Francisco tenía una obsesión con el nominalismo: siempre decía que no hay que ser nominalista, que no hay que olvidar esto de mucha letra y poca carne. Entonces, nuestra lógica y nuestro rol en la destrucción del nominalismo es central al momento de definir cómo va a ser el futuro de la humanidad”.
A su turno, Genoveva Ferrero expuso sobre cómo el cambio climático afecta a las personas con discapacidad, uno de los colectivos más expuestos a los efectos de la crisis ambiental.
“En el mundo hay 1300 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y que enfrentan todo tipo de barreras: la falta de accesibilidad, las dificultades de movilidad, de comunicación, de comprensión o de acceso a la información. Cuando llega un huracán, una inundación, un tsunami o cualquier otra emergencia climática, esas barreras no simplemente se suman, se multiplican”, advirtió.
Ferrero recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la necesidad de una protección diferenciada para grupos vulnerables. “Las personas con discapacidad no pueden aparecer en las políticas climáticas solamente como personas a rescatar, tienen que ser parte de la política pública ambiental. Tenemos que pasar del objeto de protección al sujeto de derecho que participa en la decisión”, enfatizó.
Como presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), Moreno se explayó sobre el impacto de la crisis climática en el colectivo de las infancias, mientras el que consejero Corti abordó el papel que desempeñan los presupuestos nacionales en la concreción de los planes de mitigación y neutralización de las amenazas climáticas.
La cumbre contó con la participación del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Iván Mauricio Lenis Gómez; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, César Manuel Diesel Junghanns; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre Gómez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, João Cura Mariano, y la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Verónica Gómez, entre otros. La coordinación científica estuvo a cargo del Dr. Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil.
El encuentro concluyó con la firma de una declaración conjunta que establece una hoja de ruta para coordinar acciones en materia de aplicación de estándares internacionales en litigio ambiental. Allí los firmantes aclaran que la función judicial no implica reemplazar a los poderes políticos en el diseño de las políticas públicas, sino asegurar que sus decisiones y omisiones respeten los derechos comprometidos y las exigencias del Estado de Derecho Ambiental.
